El disputado voto de la señorita Espiñeira

Voy a contar algo que no suelo mencionar. Este blog, que ha pasado de ser “Os Pasos” a llamarse “Esto no es Yugoslavia” está dedicado, tal y como reza su subtítulo, a darle “cosas a mis vueltas”.  A contar cómo me dedico a ser la abogada de causas pobres que decía mi madre y cómo voy perdiendo por goleada. Defendiendo la camiseta de Malta.

Hoy, que es el Día de Europa, quisiera hacer una reflexión sobre la ciudadanía europea y el derecho al voto.

El primer post publicado en este blog, ¿Dónde estará mi voto? , es la primera causa “perdida” que defendí y que todavía defiendo. Aunque equivocándome en el punto de los años necesarios para votar en las elecciones locales en un país de la Unión Europea, en este artículo reflejaba mi frustración e impotencia ante el hecho de que, de repente, el gobierno español hubiera decidido que los emigrantes no podíamos votar en las elecciones locales.

Desde entonces, he hablado con amigos y compañeros de otras nacionalidades para saber qué sucede en sus respectivos países y cómo ven las cosas. Los irlandeses me respondían indignados ante una clara violación de mis derechos, al igual que los franceses. En Reino Unido, Turquía, Italia y Croacia la situación es similar, por lo que lo tienen asumido. Me llamó mucho la atención la respuesta polaca, donde cuentan todavía con población “emigrada a la fuerza” en Siberia por Stalin, con lo que quitarles el derecho al voto sería visto como una injuria imperdonable.

Sin embargo, quizás por el amor sincero que profeso a los derechos humanos y a su concepción “universal”, sigo pensando que, mientras no renuncie a la nacionalidad española, debería seguir teniendo derecho a votar en todas las elecciones. Y no soy la única. En 2010, James Preston, un británico residente en España, sometió al Tribunal Supremo de Gran Bretaña la misma cuestión, alegando que el Tratado de la Unión Europea “concede a los ciudadanos el derecho fundamental a moverse y vivir libremente en toda la Unión Europea, sin ser penalizados por ejercer ese derecho”. Dice el señor Preston que la negación del derecho al voto en las elecciones locales “es una penalización”.

Y me atrevería yo a decir que hasta es una discriminación. Por mucho que me alegre por la diversidad que permite el tratado de Maastricht en nuestros ayuntamientos y por mucho que me sienta orgullosa de ciudadanos europeos como David Leadbeather, concejal de Laza; no puedo evitar preguntarme en qué juego de cromos (o de Tronos) perdí yo mis derechos, para que unos ganen y otros nos quedemos mirando.

Me asusta pensar que no es más que el principio de un cierre total. En las pasadas elecciones generales de noviembre 2011, muchos ciudadanos españoles no pudieron votar porque las papeletas no se les enviaron a tiempo. ¡¡Cómo si la Administración se hubiese dado cuenta a última hora de que tiene ciudadanos perdidos por ahí!!

Cómo si ignorase que éstos tienen derecho a votar. En este sentido, la anulación en abril del voto emigrante en las elecciones regionales en Asturias contribuye, y no poco, a la estigmatización de los emigrantes y su participación en la vida política.

Hoy, una de las discusiones más candentes en Francia es saber si los extranjeros tienen o no derecho al voto. En teoría se refieren a los no-comunitarios. Por un lado, hacerse la pregunta (y responder que no) pone en entredicho las ventajas ya reconocidas por la ciudadanía europea. Por otro, ¿cuál es la diferencia entre un “comunitario” y un africano? ¿El color de la piel?

Hemos emigrado. No por ello hemos dejado de ser humanos, y como humanos, tenemos derechos.

 

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